Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2023.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) y la Procuraduría General de la República (PGR), firmaron el Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional, con el fin de fortalecer los lazos de colaboración entre ambas instituciones para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos Vicky Hernández y Humberto Sánchez, ambos contra el Estado de Honduras, así como el “Acuerdo de Solución Amistosa” en la petición Dixie Miguel Urbina, ante la CIDH.

 La firma de este convenio se desarrolla en el marco del proyecto “Vicky Hernández y Otras vs. Honduras: seguimiento de casos de violencia hacia el colectivo LGBTI” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el que se busca fortalecer las capacidades del Estado de Honduras para erradicar la violencia hacia las personas de la comunidad LGTBI en Honduras. Como parte de las acciones del proyecto, se contempla el apoyo al cumplimiento de varias de las medidas de reparación emitidas por la CIDH en la sentencia, entre ellas la implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a casos de violencia contra personas LGBTI; la creación e implementación de un plan de capacitación para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida; y la producción de un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras.

Vicky Hernández

 El Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, registra desde junio de 2009 a junio 2022, 393 muertes violentas, dentro de este número 123 fueron personas transgénero, 223 gays y 47 lesbianas. De estos casos, tan solo 85 han sido judicializados resultando en 35 sentencias condenatorias, equivalente a un 91% de impunidad.

 El 26 de marzo de 2021 la CIDH dictó sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal en perjuicio de Vicky Hernández, mujer transgénero, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres transgénero, asesinada durante el Golpe de Estado contra el gobierno del expresidente José Manuel Zelaya en 2009, solicitando así 21 medidas de reparación que el Estado de Honduras debe de cumplir.

 La firma de este convenio ratifica el compromiso que tiene el Estado de Honduras de garantizar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, mediante la identificación y ejecución de proyectos que coadyuven en el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos.

 España, a través de la Agencia de Cooperación Española (AECID), refleja su compromiso de apoyar activamente la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Honduras y el mundo. No hay desarrollo sin el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos.